En sólo 12 causas judiciales la Justicia detectó que las redes de trata en Argentina obtuvieron ganancias de más de 130 millones de pesos por la explotación sexual de mujeres, según un informe de la Procuradurí­a de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

“El dinero que mueve este fenómeno criminal es muy superior. La aplicación de esa riqueza se destina, entre otras operaciones, a la inversión inmobiliaria, la compra de autos de lujo y la generación de estructuras jurídicas para reciclar el dinero”, explicó el abogado Carlos Gonella, titular del organismo.

El funcionario resaltó que “muchos de los casos que tenemos en trámite se originaron en alertas del sistema financiero”.

Ésto se logró porque la estructura nacional contra el lavado de activos prevista en la ley 25.246 actúa desde la Unidad de Información Financiera (UIF), que regula, por ejemplo, que los bancos cumplan con la obligación de reportar operaciones económicas sospechosas.

Los casos de lavado de activos que tienen relación con el delito de trata de personas “implicaron el manejo de un flujo de dinero de, aproximadamente, 132.500.000 pesos”, estipuló el trabajo conjunto de la Procelac y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, ambas dependencias del Ministerio Público Fiscal.

El documento, al que tuvimos acceso, reveló el circuito de blanqueo del dinero.

En los locales comerciales que suelen registrarse como “bares y confiterías”, la explotación sexual que se “abona” con tarjeta de crédito se acredita “en una cuenta bancaria determinada, de algún sujeto de la organización delictiva”.

El dinero de los tratantes ingresa al sistema financiero “a través de distintas cuentas bancarias y de sujetos que efectúan transferencias o depósitos en efectivo o cheques”.

Usualmente, estas operaciones procuran no superar los límites establecidos que puedan alertar a las autoridades o que obliguen a las entidades bancarias a elevar reportes a los organismos de control.

Por lo general, el dinero se desvía a sociedades anónimas, locales o extranjeras, constituidas “legalmente”, simulando la prestación de algún servicio que justifique el capital.

Los delincuentes suelen recurrir a personas de su confianza para usarlos como “prestanombres o testaferros. De allí la relevancia que tiene para estas investigaciones el avanzar sobre los círculos íntimos de los investigados por el delito de trata de personas”, destacó el procurador.

El informe recorre distintas causas, en diferentes lugares del país.

Una de ellas involucró al llamado “clan Alé”, integrado por una docena de personas, algunas que fueron juzgadas por la desaparición de Marita Verón en Tucumán, a quien se vio por última vez en 2012.

La Procelac demostró que estas personas “lograron ganancias por 80 millones de pesos” en una estructura compleja de lavado que iba desde prostíbulos, pasando por remiserías y hasta la administración del club Atlético de Tucumán.

Otra red de tratantes de Capital Federal “logró ganancias de más de 1.867.000 pesos, a partir de operaciones financieras de compraventa de moneda extranjera, lingotes de oro, un inmueble y vehículos”, señaló.

En Mar del Plata, “la firma Rolafa, inscripta bajo la actividad de ‘bares y confiterías’, para encubrir el delito de trata, registró la suma de 12.736.476 pesos, sólo en acreditaciones bancarias correspondientes a compras con tarjeta de crédito entre los años 2002 y 2015”, precisa el informe.

Una organización destinada a captar mujeres con el objeto de explotarlas sexualmente en el prostíbulo “Black and white”, de Tierra del Fuego, “obtuvo ganancias ilícitas por, aproximadamente, 2.500.000 pesos”, detalla.

En dos locales de la localidad pampeana de 25 de Mayo, la intervención de la Procelac “evidenció montos por un total aproximado de 1 millón de pesos en las cuentas de los sujetos investigados”.

En esta causa “está involucrado el intendente David Edgardo Bravo, quien habilitó los prostíbulos y tuvo sucesivos depósitos en efectivo entre 2010 y 2011, por un total de 266.080,80 pesos en su cuenta corriente, sin que se encontrara justificación a la procedencia de los fondos”.

El estudio incluyó también a una organización criminal conformada esencialmente por personas de nacionalidad colombiana “que tendrían por objeto la captación de personas de bajos recursos en otros países para ingresarlos como turistas y hacerlas trabajar en talleres clandestinos en Argentina”, que “blanqueaban” el dinero en una sociedad conformada en Ecuador.

En Mendoza, “el padre del investigado y su pareja, eran titulares de cuentas bancarias. Actuaban como ‘prestanombres’ para canalizar sus actividades económicas ilícitas prestando servicios turísticos e inmobiliarios”, sostiene la investigación.

Gonella resaltó que “la grave afectación e impacto que la trata de personas genera en las víctimas y en toda la sociedad, demuestra la importancia de esta investigación”.